Vecinos aseguran que Yagüe ha tardado más de un año en paralizar una obra ilegal
06 Enero 2006 en Urbanismo |
Diario Sur. 6-1-2006
La Asociacion de Vecinos Arroyo Guadalpín de Marbella, integrada por colectivos vecinales y en defensa del medio ambiente, ha ganado una de sus múltiples batallas contra las obras ilegales. Mercedes Vázquez, portavoz de este movimiento vecinal, informó ayer a pie de obra de la paralización efectiva de los trabajos en la promoción Jardines del Príncipe, que contraviene el Plan General de Ordenación Urbanística del 86, el único que tiene validez. En la céntrica parcela, ubicada en las inmediaciones del Palacio de Ferias, se están construyendo 81 viviendas pese a que está calificada como zona verde unifamiliar y viales. Pero no todo son parabienes. Vázquez criticó que el Ayuntamiento haya tardado más de un año en precintar la obra «pese a que el auto de paralización dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tiene fecha de noviembre de 2004». Tiene su propia teoría: «El Consistorio ha dado un año de ventaja para que el promotor consolide su obra».
Cambio de actitud
Javier de Luis, portavoz de Ecologistas en Acción, achacó este la firmeza con la que ha actuado ahora el Ayuntamiento a que el TSJA ha cambiado «su proceder y en vez de solicitar al Consistorio el precinto se lo pide directamente al secretario municipal y al jefe de la Policía Local».
Un extremo que rechaza de plano el equipo de gobierno. Fuentes de la Alcaldía aseguraron ayer que Marisol Yagüe ha dictado a lo largo de este año varios decretos de paralización y de precintado de las obras -con multas y retirada de material incluidas- «pero si el promotor no hace caso al TSJA poco le va a hacer al Ayuntamiento».
Al margen de la paralización efectiva de los trabajos, la plataforma tiene previsto enviar a la inmobiliaria que comercializa los inmuebles un escrito alertando del precinto de la obra «para que no siga vendiéndolos porque puede ser un fraude», además de instar al Ayuntamiento a que pida a las empresas que suministran el agua y la luz que no les den servicio. Han pedido también a Manuel González Fustegueras, redactor del PGOU, que el edificio quede fuera de planeamiento.
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