Afectados por Jardines del Príncipe piden su demolición y se oponen a que se legalice
31 Octubre 2007 en Asociaciones |
Reclaman que se mantenga la reducción de edificabilidad en el PGOU y denuncian que aún se siguen vendiendo pese a la sentencia
«Si tenemos que ir a Estrasburgo, vamos a Estrasburgo, y si hay que ir al fin del mundo, se va al fin del mundo, pero es absolutamente necesario que por una vez en Marbella se respete la legalidad». Con este aviso a navegantes Mercedes Vázquez, portavoz de la plataforma de vecinos en defensa de Arroyo Guadalpín, advierte de que no bajarán ni un segundo la guardia hasta lograr que se ejecute la sentencia firme que ordena la demolición de la promoción Jardines del Príncipe, competencia que recae en el Ayuntamiento, o hasta que, como mal menor, se obligue a la promotora a reducir su edificabilidad en un 60 por ciento. Así viene reflejado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que fija en planta baja más dos la ocupación de la parcela, menos de la mitad del volumen actual.
Integrantes del colectivo, apoyados por los concejales Enrique Monterroso (IU) y Javier de Luis (PSOE), se desplazaron ayer a pie de la promoción para recordar los avatares del movimiento vecinal en su lucha contra este inmueble, uno de los emblemas del voraz urbanismo de la ‘era GIL’. «Nos sentimos en una situación de total indefensión y queremos que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, nos dé una respuesta pública y nos aclare si hay conversaciones con los promotores para legalizar los edificios», concretó Vázquez.
Comercialización
Los vecinos afectados por el edificio se oponen de plano a que «algunos señores a cambio de dinero quieran compensar todas las ilegalidades, pasándose la ley por donde les conviene». Hay algunos movimientos que les tienen con la mosca tras la oreja. De un lado, advirtieron de que nuevamente se están comercializando los inmuebles en la inmobiliaria Kristina Szekely. «Se atreven a asegurar que ya está todo pactado con el Ayuntamiento y que su legalización será inmediata cuando se apruebe el PGOU», explica Vázquez. Ante este hecho, le han remitido sendos burofax recordando la sentencia que anula la licencia y ordena a restituir el terreno a su estado.
De otro, llaman la atención sobre las alegaciones presentadas por propietarios, de las que informó este periódico. «En este flagrante caso no existen compradores de buena fe y eso es lo que la promotora -Laelco- pretende hacer creer», añade. Dice que incluso tienen constancia de supuestas tentativas para «comprar» por 6.000 euros a vecinos afectados para que desistan de sus protestas.
Su postura sigue inamovible. Recuerdan que cuando se comenzó a construir el edificio, de cuatro plantas más ático y sobreático, la calificación del suelo en el Plan vigente sólo permitía siete adosados y dos viviendas unifamiliares. Corría 1999. Presentaron denuncias contra la licencia otorgada por el GIL ante la Fiscalía, la Junta y el Ayuntamiento y convocaron movilizaciones. Pese a ello, la obra llegó a consolidarse. La sentencia anulando el permiso, tras la impugnación del Gobierno andaluz, no llegó hasta 2005.
Entretanto, la gestora inició de oficio el pasado año la revisión de la licencia y precintó la obra, que no está habitada. Finalmente, tras el recurso de casación de la promotora, rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la sentencia ha adquirido este año carácter firme. Por eso la plataforma Arroyo Guadalpín ha registrado varios escritos en el Ayuntamiento pidiendo la ejecución y por tanto la demolición. «Si no fuera así iniciaríamos las acciones correspondientes incluso para pedir daños y perjuicios al Ayuntamiento», añadió.
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